El día 17 y 18 de noviembre del año pasado, los rectores de las instituciones de educación superior pública y privada, agrupados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se reunieron en Oaxaca con el Secretario de Educación Publica, Limón Rojas, y acordaron someter a los órganos de discusión en cada institución educativa del país la propuesta de incluir un Examen General de Calidad Profesional (EGCP), por carrera y a nivel nacional, como requisito previo a la titulación.

En esa misma reunión, se designo a una institución privada, el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), para que elaborara y aplicara dicho examen a partir de un criterio global del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación que ya venía trabajando, sin tomar en cuenta la diferencia entre los diversos planes y programas de estudio existentes en todas las universidades del país, así como de sus necesidades específicas en cada zona geográfica.

El examen, que tendrá un costo de hasta 500 pesos, pretende medir en aproximadamente 300 preguntas, el desempeño de los alumnos en sus cuatro o cinco años de actividad académica, lo cual no refleja en realidad el verdadero conocimiento adquirido, pues además, éste busca evaluar los conocimientos básicos o indispensables para cada carrera, alejándose totalmente de la práctica profesional en el campo de trabajo, que requiere conocimientos más específicos.

Debido a esta situación, la Universidad Autónoma Metropolitana ha realizado diversas actividades para informar a la comunidad universitaria sobre las características de dicho examen, así como de sus implicaciones tanto a nivel universitario como en el ámbito social. En este sentido, la Unidad Xochimilco de esta Universidad, acordó llevar a cabo un ciclo de conferencias para discutir los aspectos específicos del EGCP.

1. La evaluación es independiente de los conocimientos tal y como fueron adquiridos por el estudiante, y no toman en cuenta la realidad específica de cada modelo institucional, ni la diversidad de funciones sociales que las universidades tienen en cada región del país. Lo que se pretende es hacer una estandarización del conocimiento educativo para tener una distribución de recursos financieros más controlada y planificada.
2. En ningún documento sobre los mecanismos de evaluación propuestos se específica que su implantación incida en el mejoramiento de la calidad de la educación; basta recordar que desde la puesta en marcha de tales instrumentos en 1982, no se han dado mejoras, por ejemplo, en la eficiencia terminal de la educación superior, que continua siendo de alrededor del 56%, porcentaje que no se ha modificado en 20 años.
3. El Examen Unico nacional por profesiones tiene un doble objetivo; por un lado, pretende evaluar a los estudiantes para orientarlos en el mercado laboral con el perfil requerido por las empresas, y por otro, de manera indirecta, evaluará los programas de estudio que preparan a esos estudiantes, y con ello, asignar un mayor o menor financiamiento a esa institución educativa, que es en realidad el problema de fondo. Es pues, una política que pretende reducir paulatinamente el subsidio federal hacia las instituciones públicas de educación superior: de 1982 a la fecha, el presupuesto destinado a la educación publica se redujo en un 40%, desde ese mismo año, el sistema de evaluación, bajo criterios desconocidos, determina el financiamiento federal para las universidades.
4. El Examen Unico atenta contra la Autonomía Universitaria en el sentido de que, por una parte, se esta dejando a una institución privada y ajena a la actividad y problemática educativa, evaluar la formación académica de los estudiantes; y, por otra, será esa misma institución la que expida el documento de acreditación, lo cual hasta el momento es anticonstitucional, pues el papel de acreditación es relegado a las propias universidades en nombre del Estado, según el Artículo 5 Constitucional.
5. Otro impacto será contra la libertad de cátedra, pues al exigirse tal examen en un primer momento como requisito para la titulación, y posteriormente -que es el objetivo principal- como necesario para acceder al mercado de trabajo -la empresa ICA ya esta exigiendo la aprobación del Examen Unico para la contratación de su personal-, se obliga al profesor y a la institución universitaria a preparar al alumno, ya no sobre su programa de estudios particular, sino sobre el temario propuesto en la guía para presentar el EGCP, ya que también esta en juego el financiamiento de la institución educativa.
6. Al medir ese Examen Unico sólo lo "indispensable", se ve muy limitada su efectividad para el mejoramiento de la educación nacional y para reflejar el desenvolvimiento del egresado en la práctica social, pues no se consultan conocimientos específicos, sino generales; no hay entonces una aplicación práctica de ese conocimiento. Es una forma muy simplista de reducir el cumulo de conocimientos adquiridos durante los cuatro o cinco años de la carrera. La evaluación esta organizada para medir resultados, más no procesos.
7. El CENEVAL, entidad privada encargada de la evaluación y certificación, además del subsidio que recibe del Estado, cobrará de 200 a 500 pesos por cada examen -el alumno tiene tres oportunidades para pasarlo-, con lo cual se creara, en un futuro no lejano, una institución autofinanciable. En 1996, el remanente del CENEVAL por la aplicación del Examen Unico al nivel medio superior fue de 139 mil pesos, y esta cifra aumento a 1.3 millones de pesos en 1997.
8. Existe una propuesta de modificación al Artículo 5 Constitucional y a la Ley de Profesiones, en el sentido de aplicar cada 5 años los exámenes estándar de práctica profesional; lo cual, indudablemente impactaría en las relaciones laborales, pues se perderían las políticas de tiempo completo, plazas, y por antigüedad, por las obvias razones de inestabilidad del personal en el puesto de trabajo arriesgado cada cinco años. Al haber pocos empleos, se pretende repartirlos bajo una selección cuantitativa de la capacidad de los hombres, más no de carácter cualitativo.
9. La propuesta del Examen Unico, que nunca tuvo la voz de los estudiantes, profesores y trabajadores para su formulación, deberá ser presentada por cada una de las rectorías universitarias a los órganos colegiados para su aprobación legal. Cabe destacar que si el EGCP se aprueba en todas las universidades, o en la mayoría de ellas, será un requisito indispensable para acceder al mercado de trabajo.
10. Finalmente, esa reforma educativa, a partir del Examen Unico de Egreso, buscaría generar un sólo perfil del sistema educativo nacional valuable por puntos que den al Estado y a las empresas un indicador de la formación académica de los estudiantes, y poder poco a poco, orientar ese perfil a los interese económicos de los grupos de empresarios. Se trata pues de incrementar la productividad del trabajo mediante la formación universitaria, pero en beneficio exclusivo de unos pocos, haciendo de las universidades unas maquílas de trabajadores útiles para las empresas nacionales y extranjeras.

FEUAM ---------------------------------------------------------------------------------- ERUB